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La sentencia Danileţ c. Rumanía significa la consolidación, por parte del Tribunal Euro peo, de los principios jurisprudenciales relativos a la libertad de expresión de jueces y fiscales en Internet y en las redes sociales, con ciertas aclaraciones y la definición de un conjunto de criterios que tienen en cuenta los límites impuestos a dicha libertad por el deber de discreción inherente a su función. La nueva enumeración de criterios de ponderación (sopesar los diversos intereses en juego y tener en cuenta el contenido y la forma de cada mensaje, el contexto en el que se publica, sus consecuencias, la condición en la que el juez lo publica, la naturaleza y la gravedad de la sanción impuesta y el efecto disuasorio sobre la profesión en su conjunto, así como las garantías procesa les puestas a su disposición) tiene por objeto proporcionar una mayor seguridad jurídica cuando los jueces se pronuncian sobre asuntos de interés público, estén o no directamente relacionados con el funcionamiento del sistema judicial. El autor concluye que las personas juzgadoras pueden implicarse en la sociedad a través de las redes sociales para defender el orden constitucional y las instituciones del Estado, al tiempo que mantienen su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, sin olvidar los peligros de la polarización y la necesidad de formación en el ámbito de dichas redes sociales.
The judgment Danileţ v. Romania implies the consolidation by the European Court of case-law principles with regard to freedom of expression of judges and prosecutors on internet and social media, with certain clarifications and definition of set of criteria that take into account limits imposed on such freedom by duty of discretion inherent in their office. The new enumera tion of review criteria (weighing up of various interests at stake and taking account of content and form of each message, context in which it is posted, its consequences, capacity in which the judge posts it, nature and severity of sanction imposed and chilling effect on profession as a whole, and procedural safeguards afforded to him) are intended to provide for further legal certainty when judges make remarks on matters of public interest, whether or not directly related to functioning of justice system. The author concludes that judges can be involved in society through social media to defend constitutional order and State institutions while, at the same time, being independent and impartial in their duties, without forgetting the dangers of polarisation and the need of training in the field of such social media.
