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Luis Eduardo Morás
El acelerado crecimiento de la violencia homicida experimentado en Uruguay en los últimos años plantea una serie de desafíos interpretativos. En términos generales y a nivel macro, el país se destaca por contar con bajos niveles de pobreza y desigualdad, un índice de desarrollo humano elevado, con un Estado de bienestar con larga tradición y la vigencia de una destacable institucionalidad con amplio reconocimiento internacional. No obstante la presencia de estos factores, que habitualmente se postulan como predictores de bajos niveles de violencia, Montevideo desde el año 2019 pasó a ser la segunda capital sudamericana con mayor tasa de homicidios, ambientando interpretaciones sobre esta escalada vinculadas a las disputas territoriales protagonizadas por el crimen organizado asociado al narcotráfico. Apelar a la incidencia de una categoría sociológicamente indefinida por la amplitud y diversidad de fenómenos que incluye, no resuelve el problema planteado ya que el país tampoco reúne condiciones que frecuentemente se plantean: no es productor y su mercado de consumo no se amplía sino que se reduce por el estancamiento y envejecimiento demográfico, además de la implementación en 2013 de una legislación que regularizó la comercialización del cannabis. A su vez, sus reconocidos roles como plaza financiera amable con el lavado de activos y de porosas fronteras portuarias para cuantiosos cargamentos, deberían atemperar antes que alentar, las sangrientas disputas que por su creciente crueldad alarman a la población y llaman la atención de los organismos internacionales, incrementando en consecuencia, las dificultades operativas y los costos de las transacciones. El artículo discute estos argumentos y presenta el procesamiento de indicadores socioeconómicos y estadísticas oficiales sobre homicidios a nivel de municipios y seccionales policiales de la capital, ubicando a nivel micro la existencia de profundas y persistentes asimetrías territoriales como el escenario donde se despliega un comportamiento homicida que tiene particulares características.
The accelerated growth of homicidal violence experienced in Uruguay in recent years poses a series of interpretive challenges. In general terms and at a macro level, the country stands out for having low levels of poverty and inequality, a high human development index, a welfare state with a long tradition and the existence of a remarkable institutionality with wide international recognition. Despite the presence of these factors, which are usually postulated as predictors of low levels of violence, since 2019 Montevideo became the second South American capital with the highest homicide rate, giving rise to interpretations of this escalation linked to territorial disputes led by organized crime associated with drug trafficking. To appeal to he impact of a sociologically undefined category due to the breadth and diversity of phenomena it includes does not solve the problem raised, since the country does not meet the conditions that are frequently raised: it is not a producer and its consumer market is not expanding but rather shrinking due to demographic stagnation and aging, in addition to the implementation in 2013 of legislation that regularized the commercialization of cannabis. At the same time, its recognized roles as a financial center friendly to money laundering and porous port borders for large shipments should temper rather than encourage the bloody disputes that, due to their increasing cruelty, alarm the population and attract the attention of international organizations, consequently increasing operational difficulties and transaction costs. The article discusses these arguments and presents the processing of socioeconomic indicators and official statistics on homicides at the level of municipalities and police stations in the capital, locating at the micro level the existence of deep and persistent territorial asymmetries as the setting where homicidal behavior with particular characteristics is deploye.
