Acceso usuarios
Almudena Gurrea Martínez
En los municipios de menor capacidad técnica, la concesión de servicios públicos locales se utiliza con frecuencia como respuesta habitual a la imposibilidad de prestar directamente el servicio. Esa práctica solo resulta jurídicamente adecuada cuando el expediente acredita la transferencia efectiva del riesgo operacional, la viabilidad económico-financiera de la explotación y la capacidad municipal de control. La calificación concesional no puede operar como una etiqueta previa, sino como una conclusión derivada del análisis del régimen económico, la duración, las inversiones, las tarifas, el canon y las cláusulas de equilibrio. A partir de esa premisa, se propone una lista de verificación para que la asistencia provincial actúe antes de la licitación como revisión sustantiva de consistencia, evitando concesiones aparentes, modelos inviables y conflictos de ejecución o reversión.
