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Guido Adrián Palacin
Este trabajo explora cómo las dinámicas organizacionales en las burocracias modernas influyen en la conducta humana y facilitan la normalización de prácticas dañinas, particularmente en el ámbito de la criminalidad económica. Basándose en el concepto de la "banalidad del mal" de Hannah Arendt, este trabajo examina cómo mecanismos como la despersonalización de las decisiones, la fragmentación de responsabilidades y la ausencia de pensamiento crítico contribuyen a la normalización de la corrupción, el lavado de dinero y el fraude corporativo. Aunque este estudio no equipara los delitos económicos con las atrocidades cometidas bajo el régimen nazi, destaca las dinámicas sistémicas que permiten que prosperen acciones éticamente cuestionables. El análisis se centra en casos emblemáticos, como Odebrecht, que ilustran cómo las estructuras organizacionales y herramientas técnicas institucionalizan prácticas ilícitas. El trabajo concluye subrayando la necesidad de cambios culturales y regulatorios que promuevan la reflexión ética y la responsabilidad individual, contrarrestando así la normalización sistémica de la criminalidad económica
This paper explores how organizational dynamics in modern bureaucracies influence human behavior and facilitate the normalization of harmful practices, particularly in the field of economic crime. Drawing on Hannah Arendt's concept of the "banality of evil," this paper examines how mechanisms such as decision depersonalization, responsibility fragmentation, and the absence of critical thinking contribute to the normalization of corruption, money laundering, and corporate fraud. While this study does not equate economic crimes to the atrocities committed under the Nazi regime, it highlights the systemic dynamics that allow unethical actions to flourish. The analysis focuses on emblematic cases, such as Odebrecht, illustrating how organizational structures and technical tools institutionalize illicit practices. The paper concludes by emphasizing the need for cultural and regulatory changes that promote ethical reflection and individual accountability, thus countering the systemic normalization of economic crime.
