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La sentencia objeto de comentario analiza el recurso de una empleada de Stradivarius que fue despedida tras sustraer una prenda en una tienda Zara, ambas pertenecientes al Grupo Inditex. El Tribunal confirma la procedencia del despido, al considerar que el hurto cometido contra una empresa del mismo grupo empresarial supone una transgresión de la buena fe contractual, trasvasándose, así, los limitados contornos de un daño circunscrito al empleador directo. Pese a la procedencia de la decisión empresarial (esto es lo más interesante), el fallo determina que la empleadora vulneró el derecho fundamental a la protección de datos de la trabajadora, al recibir, de forma ilícita, a través de la empresa de seguridad vinculada a Stradivarius, la sentencia penal que condenaba por tales hechos a la trabajadora como autora de un delito leve de hurto. Aunque la nulidad de la prueba no altera la validez del despido, ya que la empleadora conoció los hechos por otra fuente adicional, ello no elimina la responsabilidad de esta, traducida, en este caso, en el abono de una indemnización de cinco mil euros por el daño moral causado. La relevancia del pronunciamiento radica, por tanto, en que fruto de la ponderación efectuada entre la legitimidad de la sanción disciplinaria y el necesario respeto a los valores constitucionales de intimidad y privacidad, se llega a una solución respetuosa con dos intereses que, aparentemente, pudieran considerarse excluyentes.
The judgment under review analyzes the appeal of a Stradivarius employee who was dismissed after stealing an item of clothing from a Zara store, both belonging to the Inditex Group. The Court upheld the dismissal, considering that theft committed against a company within the same corporate group constitutes a breach of good faith in the contract, thus extending beyond the limited scope of harm confined to the direct employer. Despite upholding the dismissal's validity (this is the most interesting aspect), the ruling determines that the employer violated the employee's fundamental right to data protection by unlawfully receiving, through the security company contracted by Stradivarius, the criminal judgment convicting the employee of petty theft. Although the invalidity of the evidence does not affect the validity of the dismissal, since the employer learned of the facts from another source, this does not eliminate the employer's liability, which in this case translates into the payment of compensation of five thousand euros for the moral damages caused. The significance of this ruling, therefore, lies in the fact that, as a result of weighing the legitimacy of the disciplinary sanction against the necessary respect for the constitutional values of privacy and confidentiality, a solution is reached that respects two interests that, at first glance, might seem mutually exclusive.
