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Sebastián Scioscioli
El artículo ofrece un diagnóstico preliminar sobre la oferta de posgrado universitaria en Argentina basada en especializaciones y maestrías acreditadas cuyas titulaciones refieren de modo explícito a la magistratura, la administración de justicia o la gestión judicial. A partir del análisis comparativo de planes de estudio vigentes en universidades públicas y privadas, se identifican tendencias comunes, como la centralidad de contenidos vinculados con la ética judicial, los derechos humanos y el acceso a la justicia, junto con competencias profesionales asociadas a la labor de argumentación, interpretación del derecho y el abordaje de los conflictos, así como la gestión funcional y administrativa del juzgado. El estudio revela que más allá de la creciente diversificación de la oferta académica, persisten debilidades en la formulación didáctica de los objetivos y en la integración de los saberes –especialmente interdisciplinares–. El artículo analiza la tensión entre las exigencias del campo académico universitario y las demandas de profesionalización judicial, proponiendo una revisión crítica de los perfiles de egreso y los diseños curriculares. Se enfatiza finalmente la necesidad de fortalecer el diálogo entre universidades, escuelas judiciales y poderes del Estado para consolidar modelos de formación reflexivos, democráticos y coherentes con los fines constitucionales de la función jurisdiccional.
This article offers a preliminary diagnosis of postgraduate judicial training in Argentine universities, focusing on accredited specialisation and master’s degree programmes that explicitly refer to the administration of justice or judicial management. Based on a comparative analysis of the curricula of public and private universities, common trends are identified—particularly the emphasis on content related to judicial ethics, human rights, and access to justice, alongside professional competencies in legal reasoning, interpretation, conflict resolution, and the administrative management of courts. Despite an increasing diversification of the academic programmes, the study also reveals that weaknesses persist in the pedagogical formulation of learning objectives and in the integration of different kinds of knowledge—especially of an interdisciplinary nature. The article examines the tension between the requirements of the academic university environment and the demands of judicial professionalisation, proposing a critical revision of graduate profiles and curricular designs. It concludes by reinforcing the need to strengthen dialogue among universities, judicial training institutions, and state authorities, in order to consolidate reflective, democratic, and constitutionally aligned models of judicial education.
