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María Otero Ruiz de Alegría
El presente trabajo analiza la adecuación del ordenamiento jurídico-laboral español a los estándares del Convenio núm. 190 de la OIT sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo. A partir de un examen de la conceptualización jurídica de estos fenómenos y de la dimensión preventiva, reparadora y sancionadora de su tutela, se pone de manifiesto que, pese a la existencia de una base normativa amplia y en gran medida convergente con los estándares internacionales, el sistema español presenta aún insuficiencias relevantes. En particular, se aborda el distinto grado de desarrollo normativo de las diversas manifestaciones del acoso y la ausencia de una definición legislativa de violencia y acoso moral o psicológico, así como las limitaciones de la extensión del ámbito subjetivo y objetivo de la protección laboral frente a estas conductas. Asimismo, se observa una insuficiente integración de la dimensión preventiva en la vigente normativa de riesgos laborales, así como una escasa articulación entre las distintas vías de recurso y reparación, abordándose en este punto las diferentes configuraciones normativas de los protocolos internos empresariales, la utilidad de los medios extrajudiciales de resolución de conflictos y las posibles tensiones entre los distintos mecanismos de recurso existentes. Finalmente, se analizan las inconsistencias existentes a la luz de las diversas tipificaciones de estos fenómenos que establece el régimen sancionador.
This article examines the extent to which Spanish labour law complies with the standards set by ILO Convention No. 190 on violence and harassment in the world of work. Through an analysis of the legal conceptualisation of these phenomena and the preventive, remedial and sanctioning dimensions of their protection, it argues that, despite the existence of a broad regulatory framework largely aligned with international standards, the Spanish system still presents significant shortcomings. In particular, it addresses the uneven level of legal development across the different forms of harassment, the absence of a general legal definition of violence and moral or psychological harassment, and the limitations affecting the subjective and objective scope of labour protection in this field. It further identifies an insufficient integration of the preventive dimension within occupational risk prevention legislation, as well as a lack of coordination among the various avenues of redress and remedy. In this regard, the article examines the diverse regulatory configurations of internal workplace protocols, the role of alternative dispute resolution mechanisms, and the potential tensions between existing remedial frameworks. Finally, it analyses the inconsistencies arising from the different legal classifications of these behaviours within the sanctioning regime.
