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Babahoyo, Ecuador
El presente trabajo analiza jurídica y pragmáticamente el estado de excepción en varias provincias del Ecuador como respuesta a una crisis de seguridad interna sin precedentes. A través de una perspectiva constitucional y filosófica del derecho, se evalúa la legalidad, necesidad, temporalidad y eficacia práctica de esta medida excepcional. Se parte del contexto de grave conmoción interna ocasionada por el incremento sostenido de la violencia, el crimen organizado y los ataques directos a civiles y fuerzas del orden. En ese marco, se plantea la hipótesis de que el uso reiterado de estados de excepción puede ser sintomático de la ineficiencia estructural de las políticas públicas y de una posible vulneración de derechos fundamentales si no se ejercen controles constitucionales adecuados. La investigación se fundamenta en una metodología cualitativa, combinando métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético e histórico-lógico, con énfasis en el análisis jurídico del decreto. El enfoque del pragmatismo jurídico permite evaluar si las acciones tomadas son realmente útiles y necesarias, más allá de su validez normativa. Los resultados muestran que, aunque el decreto puede considerarse constitucional en su emisión inicial, existen dudas sobre su proporcionalidad, temporalidad y efectividad a largo plazo. Se concluye que este tipo de medidas deben estar estrictamente reguladas, complementadas por reformas estructurales en políticas públicas de seguridad, justicia y desarrollo social, y supervisadas por organismos de control para evitar la normalización del estado de excepción como herramienta de gobierno.
