Francisco L. Santana Navarro
La creciente tasa de envejecimiento de la población española y la insuficiencia de plazas en residencias públicas de mayores, han intensificado la necesidad de recurrir a alternativas privadas de cuidado, cuyo coste suele superar la pensión de jubilación. A lo anterior se une la lista de espera para la resolución de las correspondientes ayudas públicas. Esta situación ha impulsado la aparición de nuevos instrumentos jurídicos y financieros destinados a facilitar el acceso a cuidados profesionales, entre los cuales destaca el contrato de gestión de arrendamientos. Mediante este contrato, una entidad asume la explotación del inmueble, anticipa parte de las rentas futuras y gestiona íntegramente el arrendamiento, permitiendo al titular obtener liquidez para complementar su pensión y así sufragar los gastos derivados de la dependencia. Al estudio de este contrato, que consideramos transciende a un contrato de anticresis, al comportarse como un servicio, dedicaremos el presente trabajo.