Resulta evidente que en el momento actual los servicios de telefonía y acceso a internet constituyen una infraestructura esencial para garantizar la plena integración de una persona en el entorno de las relaciones económicas y sociales. Paralelamente, la contratación de estos servicios ha pasado de ser un fenómeno marginal, o técnicamente especializado, y reservado a una minoría, a convertirse en una relación jurídica cotidiana, masiva y estructural, presente en prácticamente todos los hogares y empresas. Sin embargo, esta centralidad social, que debiera asegurar al consumidor un acceso descomplicado a su contratación y una agilidad operativa en orden a la resolución de las cuestiones jurídicas que se puedan suscitar, contrasta con la complejidad del contrato que vehicula la prestación, ubicado en un punto de fricción permanente entre el Derecho privado clásico y un extendido entramado regulatorio de origen europeo y nacional marcado por un señalado intervencionismo estatal. A la revisión de algunas de las cuestiones más relevantes que suscita esta modalidad de contrato de servicios se dedica este trabajo en el que se propone una consideración autónoma del tipo que demanda, asimismo, una regulación independiente