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Esta normativa constituye la respuesta de Portugal al desafío del estrés hídrico en el contexto del cambio climático: las proyecciones auguran una reducción del 6% en las disponibilidades medias para 2040 y un aumento del 26% en la demanda, con un índice de escasez (WEI+) que ya supera el 70% en las cuencas del Sado-Mira y del Guadiana y cuya tendencia es empeorar drásticamente en las regiones al Sur del Tajo.
Desde el plano jurídico, la Estrategia plantea retos significativos en tres planos: el de la compatibilidad de las grandes obras con el derecho ambiental de la UE; el de la articulación bilateral con España en las cuencas hidrográficas compartidas; y el de la viabilidad del modelo de gobernanza centrado en una entidad empresarial pública. La subordinación de la ejecución de las medidas a la existencia de dotación presupuestaria disponible (número 3 de la parte dispositiva de la Resolución) introduce, finalmente, un elemento de incertidumbre sobre la efectividad real de compromisos cuyo horizonte temporal se extiende hasta 2035 y, en algunos casos, hasta 2045.
Esta “Estatregia” integra y, de subtituye el “Plano Nacional da Água” (PNA 2025-2035) — aunque sin haber estado sujeta a Evaluación Ambiental Estratégica— y se articula con el “Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais” (PENSAARP 2030), impulsando la elaboración del nuevo “Plano de Armazenamento e Distribuição Eficiente de Água para a Agricultura (Plano REGA)”. Además, tiene como objetivo el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, que exige lograr el buen estado de las masas de agua en el territorio de todos los Estados miembros de la UE.
La ejecución de la Estrategia queda encomendada a la AdP AQUA — Gestão Ambiental de Recursos Hídricos, S.A., empresa integrada en el grupo Águas de Portugal, cuyo estatuto operativo fue definido simultáneamente mediante el Decreto-Lei n.º 123/2026, de 24 de junio. Se trata, por tanto, de un modelo de gobernanza que confía la coordinación ejecutiva a una entidad de naturaleza empresarial pública, opción cuyo alcance desde la perspectiva del Derecho Administrativo y de la regulación de los servicios de interés general suscita algunas dudas.
La Estrategia articula cuatro objetivos estratégicos —gestión integrada e inteligente del agua, cohesión territorial, reducción de la vulnerabilidad a la escasez hídrica y refuerzo de la sostenibilidad ambiental— desplegados mediante tres ejes de acción (eficiencia, resiliencia e inteligencia) y un total de 294 medidas, con una inversión prevista de aproximadamente 5.000 millones de euros hasta 2035. Este montante será destinado, principalmente a la construcción de nuevas obras hidráulicas. Entre las categorías y proyectos de mayor relevancia jurídica y territorial, cabe destacar: el estudio de viabilidad de 14 nuevas presas y la intervención en 12 embalses existentes; por lo menos dos interconexiones (transvases) entre cuencas y desalinización como solución complementaria a las fuentes naturales para la mitigación de riesgos futuros de escasez, en particular en el Algarve. La obra más avanzada es la estación desalinizadora (EDAM) de Albufeira, cuya construcción, ejecutada por el Grupo “Águas de Portugal” (AdP), con un presupuesto de 110,3 M€ (2024-2026), deberá estar operativa entre finales de 2027 y principios de 2028, con una producción inicial de 16 hm³/año y potencial de expansión hasta 24 hm³/año (ampliación prevista en 2035-2037: 28,8 M€). En el ámbito industrial, se prevé además una solución integrada con tres orígenes de agua —superficial, salada y reutilizada— para el abastecimiento de la Zona Industrial y Logística de Sines (ZILS), con un coste estimado de 72 M€. Además, e aunque Portugal reutiliza actualmente apenas el 1,2% de sus aguas residuales, la Estrategia aspira a convertir la reutilización en un eje estructural mediante el Programa “Água +Circular”. Las medidas identificadas suponen disponer de 122 hm³ adicionales de agua reutilizada, con inversiones distribuidas por todo el territorio, desde el Algarve hasta el Norte, incluyendo especialmente Lisboa (rega de espacios verdes) y en el perímetro industrial de Sines.
Por último, hay que referir que la Estrategia incorpora un extenso Programa ProRíos 2030 ( com un togal 50 M€ a nivel nacional) destinado a la restauración y revitalización de ríos y riberas, articulado con el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza. Paralelamente, se prevé el estudio y la implementación de caudales ecológicos en decenas de presas a escala nacional, con una dotación de 0,3 M€ para el estudio general y actuaciones específicas en más de cuarenta embalses identificados en el Anexo de la Estrategia. Esta orientación dual —nueva infraestructura y restauración fluvial— pretende das respuesta a las exigencias de la Directiva Marco del Agua, al Reglamento de la UE sobre Restauración de la Naturaleza, y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia de no deterioro de las masas de agua. La compatibilidad de las nuevas presas e interconexiones con la obligación de mantenimiento o mejora del estado ecológico de las masas de agua implicadas constituye el principal desafío, desde el punto de vista jurídico, teniendo la jurisprudencia del TJUE sobre la materia.
