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El presente trabajo analiza si el contrato de ejecución de obra puede configurarse como instrumento jurídico eficaz para la protección del medio ambiente. Mediante una metodología jurídico-dogmática que combina el análisis normativo y el estudio jurisprudencial, se examina cómo los elementos esenciales del contrato (objeto, precio y responsabilidad) pueden articular obligaciones, garantías y mecanismos de control orientados a la sostenibilidad ambiental. Se estudia el marco normativo establecido por la Ley de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE) y el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), que imponen requisitos de sostenibilidad, salubridad y protección del medio ambiente en los procesos constructivos. Se propone una tipología de cláusulas ambientales y se analiza su régimen de incumplimiento, penalidades y remedios contractuales. Se examinan asimismo las SSTS 615/2026 y 863/2026 sobre conectividad ecológica, extrayendo de ellas consecuencias para la licitud del objeto contractual, la distribución del riesgo ambiental y la responsabilidad civil de los agentes de la edificación. La contribución principal del trabajo es demostrar que el contrato de obra, adecuadamente configurado, constituye un recurso jurídico útil para la instrumentalización de los mandatos del Derecho ambiental en el ámbito privado.
This paper analyses whether the construction contract can be configured as an effective legal instrument for environmental protection. Using a legal-dogmatic methodology combining normative analysis and case law review, it examines how the essential elements of the contract —subject matter, price and liability— can articulate obligations, guarantees and control mechanisms oriented towards environmental sustainability. The regulatory framework established by the Building Regulation Law (LOE) and the Technical Building Code (CTE) is studied, along with a proposed typology of environmental clauses and their regime of breach, penalties and contractual remedies. The Supreme Court judgments 615/2026 and 863/2026 on ecological connectivity are also examined, drawing consequences for the lawfulness of the contractual subject matter, the allocation of environmental risk and the civil liability of construction agents. The main contribution of this work is to demonstrate that the construction contract, when adequately configured, constitutes a useful legal instrument for implementing environmental law mandates in the private sphere.
