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Inés de Diego Aguado
El presente trabajo analiza los problemas que surgen entre la extinción de las concesiones demaniales y la protección del dominio público forestal en espacios naturales protegidos, tomando como referencia el caso de la estación de esquí de Navacerrada. La expiración de las concesiones y la continuidad de la actividad sin título habilitante han generado una situación de notable complejidad jurídica, caracterizada por conflictos competenciales y por la confrontación de intereses económicos y exigencias ambientales.
El estudio examina el régimen jurídico del dominio público forestal, las consecuencias de la caducidad de las concesiones y las responsabilidades derivadas de la ocupación sin título. Asimismo, analiza cuestiones específicas como la vinculación con la concesión de aguas, la posible prórroga por Covid-19 y la nueva concesión otorgada por la Comunidad de Madrid. Finalmente, se incorpora una comparación con el caso de la estación de Valcotos, poniendo de relieve cómo diferentes modelos de actuación administrativa pueden conducir a resultados divergentes en términos de gestión ambiental y seguridad jurídica.
This paper analyses the existing tensions between the validity of public domain concessions and the protection of public forest land within protected natural areas, using the Navacerrada ski resort as a reference case. The expiration of these concessions and the continuation of activities without a legal title have created a situation of significant legal complexity, characterized by jurisdictional conflicts and the clash between economic interests and environmental requirements.
The study examines the legal framework governing public forest domains, the consequences of the expiration of concessions, and the liabilities arising from unauthorized occupation. Furthermore, it analyzes specific issues such as water concessions, the COVID-19 extension, and the new concession granted by the Community of Madrid. Finally, a comparison with the Valcotos station is included, highlighting how different administrative action models can lead to divergent outcomes in terms of environmental management and legal certainty.
