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Miguel Cremades Schulz, Gloria Martínez Benítez
Los requerimientos individualizados de información en materia tributaria son la forma de encauzar las obligaciones de información por captación cuando las obligaciones por suministro resultan insuficientes para que la Administración pueda desempeñar su función. Tras delimitar el objeto de estudio (apartado 1), el presente trabajo aborda el estado de la cuestión sobre la regulación y aplicación de estos requerimientos en nuestro ordenamiento. En primer lugar, se analiza el objeto del requerimiento, con especial atención a los elementos que permiten delimitar la información susceptible de ser requerida (apartado 1.1). En segundo lugar, se analizan los sujetos a los que puede imponerse esta obligación y los límites que permiten sustraerse a ella, tanto los de carácter territorial como los derivados del respeto a derechos fundamentales que pueden verse afectados por ella, incluido el deber de confidencialidad que ciertos sujetos tienen respecto de la información que les facilitan sus clientes (apartado 1.2). En tercer lugar, se revisan los aspectos procesales del requerimiento: el momento y marco procedimental en que puede practicarse, la competencia e iniciativa para su emisión, su contenido mínimo y la motivación exigible, la forma y plazo de evacuación —con especial referencia a la problemática de la comparecencia personal— y el régimen de impugnación y suspensión (apartado 1.3).
After defining the scope of the analysis (section 1), this article examines the legal framework governing individualised tax information requests in Spain. First, it analyses the subject matter of such requests, paying particular attention to the criteria determining the information that may be required (section 1.1). Second, it examines the persons on whom this obligation may be imposed and its limits, including both territorial constraints and those arising from the protection of fundamental rights, including the duty of confidentiality of certain professionals with respect to information entrusted to them by their clients (section 1.2). Third, it considers the procedural aspects of the requests, including the stage and procedural framework within which they may be issued, the authorities empowered to issue them and the initiative for doing so, the minimum content and reasoning required, the manner and time limits for compliance — with particular reference to the issue of appearing in person — and the rules governing challenges and suspension (section 1.3).
