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En este trabajo se analiza el principio de especialidad legal y su relación con el art. 8° de la Ley 20.720 de insolvencia y reemprendimiento (LIR), utilizado por acreedores para solicitar la exclusión de créditos estudiantiles del Procedimiento Concursal de Liquidación de Bienes (PCLB), al alegar que las leyes de financiamiento estudiantil son especiales respecto a la LIR, resolviendo así una aparente antinomia entre ellas. Se estudian los presupuestos de la pretendida antinomia y las soluciones jurisprudenciales, con énfasis en el escueto análisis a la insolvencia del deudor -como requisito del concurso- y sus consecuencias, contrarias a los principios que lo informan.
