Los exámenes, cuestionarios y demás pruebas de evaluación que dispone un tribunal constituyen información pública. En ese contexto se aboga por su publicidad y se defiende el derecho de cualquier persona a su obtención, amén que resulta de notable interés para quien se halla preparando su acceso a la función pública. Se desgranan las claves en favor de dicha accesibilidad exponiendo los fundamentos que enervan los argumentos que, en no pocas ocasiones, se aducen para no proporcionar esta información. Se aborda el acceso a los exámenes realizados por aspirantes el cual solo será viable en la medida que se preserve la confidencialidad de su autoría y no resulte identificable.