El presente estudio analiza la viabilidad jurídica de que las Administraciones Públicas presten servicios públicos proactivos y personalizados utilizando datos personales sin necesidad de recabar el consentimiento explícito de sus titulares cuando exista una base legal adecuada. Al respecto, se exponen argumentos jurídicos para la adecuada armonización de la protección de datos con el principio y derecho a una buena administración y la igualdad real y efectiva de las personas, lo que exige una interpretación de todos estos aspectos de acuerdo con el principio de proporcionalidad y bajo el prisma de los cánones hermenéuticos del art. 3.1 del Código Civil.