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La gestión tributaria en las entidades locales se enfrenta, de forma constante, a las dificultades derivadas de la imposibilidad de pago inmediato de las deudas municipales por parte de numerosos obligados tributarios. La regulación de los aplazamientos y fraccionamientos de los ingresos públicos resulta insuficiente, ya que la normativa estatal habilita su concesión, pero no establece un marco regulador detallado respecto a sus condiciones, garantías, plazos, deudas aplazables o requisitos de verificación económico-financiera, entre otros. En consecuencia, resulta necesario disponer de una ordenanza municipal que articule una regulación exhaustiva en esta materia, permitiendo reforzar la seguridad jurídica y mejorar la gestión administrativa de los expedientes.
