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La STSJ de Castilla y León (Burgos), Sección 1.ª, de 21 de abril de 2026 avala que, en la liquidación del IIVTNU, se tome el valor catastral de una ponencia aprobada después del devengo, cuando la vigente en ese momento había perdido su vigencia formal sin ser renovada en plazo por la Administración. La sentencia se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo que arranca en 2019 y en los principios de capacidad económica y seguridad jurídica para ofrecer al contribuyente una vía de tutela frente a valoraciones catastrales ancladas en un tiempo que ya no existe. A nuestro juicio, el fallo acierta en lo sustancial, pero deja abiertas preguntas de fondo —proyección sobre el IBI, retroactividad de las nuevas ponencias y conducta estratégica del obligado tributario— que convendrá despejar en sede casacional.
