Acceso usuarios
El derecho al olvido se ha convertido en una de las respuestas jurídicas más relevantes ante la conservación indefinida de datos personales en Internet. Este artículo analiza su contenido, sus límites y las condiciones para su ejercicio desde una perspectiva comparativa entre España y Perú. Metodológicamente, combina una revisión doctrinal de la literatura académica de acceso abierto con un análisis normativo y jurisprudencial. El estudio sostiene que el derecho al olvido no equivale a borrar la historia ni a un poder general de censura, sino que es un derecho a la protección de los datos personales destinado, sobre todo, a limitar la búsqueda desproporcionada y selectiva de información inexacta, descontextualizada, irrelevante o excesiva. En España, el modelo ha recibido un reconocimiento explícito y criterios relativamente estables basados en el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018 y la jurisprudencia del caso Costeja. En Perú, aunque la Ley 29733 no lo aborda explícitamente, el marco actual ha evolucionado a través de reglamentos administrativos, jurisprudencia constitucional y las normas aprobadas por el Decreto Supremo 016-2024-JUS, que incorpora la desindexación. Se concluye que el sistema peruano aún requiere una formulación legislativa más precisa y una prueba de ponderación más coherente frente a la libertad de expresión.
The right to be forgotten has become one of the most relevant legal responses to the indefinite retention of personal information online. This article analyzes its content, limits, and conditions for its exercise from a comparative perspective between Spain and Peru. Methodologically, it combines a doctrinal review of open-access academic literature with a normative and jurisprudential analysis. The study argues that the right to be forgotten is not equivalent to erasing history or a general power of censorship, but rather a right to protect personal data aimed, above all, at limiting the disproportionate and targeted search of inaccurate, decontextualized, irrelevant, or excessive information. In Spain, the model has received explicit recognition and relatively stable criteria based on the GDPR, Organic Law 3/2018, and the Costeja case law. In Peru, although Law 29733 does not explicitly address it, the current framework has evolved through administrative regulations, constitutional jurisprudence, and the regulations approved by Supreme Decree 016-2024-JUS, which incorporates de-indexation. It is concluded that the Peruvian system still requires more precise legislative formulation and a more consistent balancing test against freedom of expression.
