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Bolivia
Este artículo examina la infraestructura vial como fundamento multidimensional de la ciudadanía, la inclusión social y la justicia territorial en el contexto latinoamericano. Fundamentándose en los marcos teóricos de la justicia espacial, el enfoque de las capacidades y la justicia de la movilidad, se argumenta que la gestión de la infraestructura constituye una responsabilidad irrenunciable del Estado, trascendiendo la lógica puramente económica para garantizar los derechos fundamentales. La investigación adopta una metodología cualitativa basada en una revisión bibliográfica sistemática y en un análisis documental comparativo de los marcos constitucionales de países latinoamericanos, así como de la legislación infraconstitucional correlacionada. Los resultados demuestran que el reconocimiento expreso del transporte como derecho social en las constituciones latinoamericanas representa un avance jurídico significativo, que consolida un nuevo paradigma de ciudadanía urbana. Sin embargo, persisten desafíos estructurales relacionados con la exclusión social vinculada al transporte (transport-related social exclusion [TRSE]), el déficit de inversiones y las asimetrías territoriales que perpetúan desigualdades históricas. Se concluye que la efectivización de este derecho exige políticas innovadoras, participativas y ambientalmente sustentables, capaces de articular múltiples niveles de gobierno y actores sociales, protegiendo y ampliando el patrimonio colectivo de la infraestructura como instrumento central de justicia territorial.
