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Carlos Manrique Rezabala, Laura Maribel Briones
Este artículo examina el principio de presunción de inocencia como un bien jurídico fundamental en un Estado constitucional de derechos y justicia, enfocándose en su reconocimiento y aplicación en el contexto ecuatoriano. A través de un análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial, se identifican los desafíos que enfrenta este principio frente al uso desproporcionado de la prisión preventiva, la debilidad de las garantías procesales y la insuficiente aplicación del principio de proporcionalidad. Se incorpora, además, la tensión surgida a partir de las políticas de seguridad adoptadas tras la declaratoria de conflicto armado interno de 2024 y su impacto sobre la población penitenciaria, que para el primer trimestre de 2026 superó las 37.900 personas privadas de libertad. El estudio analiza las tensiones entre las medidas cautelares restrictivas y los estándares interamericanos de derechos humanos, en particular los fijados en los casos Suárez Rosero, Tibi y Carranza Alarcón contra el Ecuador, y subraya la relevancia de reformas estructurales para garantizar una tutela efectiva. Se concluye con propuestas orientadas a fortalecer la aplicación del principio, promoviendo un sistema judicial más equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales como aspiración legítima del garantismo penal.
