La crisis financiera de 2008 inauguró una nueva fase de acumulación patrimonial, mediante la cual el capital financiero transnacional convirtió el colapso inmobiliario español en una oportunidad de extracción de rentas de escala histórica. Este proceso supone la subordinación de un bien residencial a la lógica de la rentabilidad financiera, transformando lo que debería ser un bien de primera necesidad -constitutivo de derecho- en un activo de rendimiento para inversores institucionales desvinculados de cualquier compromiso territorial o social.