La transición ecológica ha dejado de ser una política sectorial para convertirse en un eje estructural de la acción pública. Las Entidades Locales, como Administración más próxima a la ciudadanía, están llamadas a desempeñar un papel determinante en la implementación de las políticas climáticas y medioambientales derivadas tanto del marco europeo como del ordenamiento interno. Sin embargo, el despliegue efectivo de esas competencias plantea importantes retos jurídicos y operativos que exigen una reflexión rigurosa.