La Sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026 (Rec. C. 418/2024), popularmente conocida por los operadores jurídicos como «Caso Obadal», y en particular la Sentencia que ha dictado el Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo el 11 de mayo de 2026 (RCUD 3543/2023), en un recurso distinto a aquel en el que la Sala planteó la cuestión prejudicial, pero que toma en cuenta los últimos postulados del TJUE, vienen a cambiar el escenario jurídico con el que los Tribunales estaban resolviendo los abusos en la contratación temporal en las Administraciones Públicas. Con esta última Sentencia del TS se sientan las bases para las futuras resoluciones jurisdiccionales, tanto de la Jurisdicción Social como previsiblemente de la Contencioso-Administrativa, si bien existen aún muchas cuestiones que necesitarán de precisión