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Pilar Conde Colmenero
El sector de la construcción es especialmente sensible al impacto de la emergencia climática, tanto en lo relativo al volumen de empleo (que está aumentando debido al efecto negativo del cambio climático sobre las infraestructuras y la necesidad de adaptación de las edificaciones), como en lo que respecta a la tutela de la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a los denominados “riesgos laborales medioambientales” (que originan un creciente número de accidentes de trabajo en la actividad constructiva y representan un desafío en materia preventiva). En los últimos años se han producido importantes avances en la protección frente a los fenómenos meteorológicos adversos, sobre todo respecto de las altas temperaturas (merced a los RDL 4/2023 y 8/2024). Las reformas legales llevadas a cabo afectan de lleno a la actividad constructiva por la incidencia significativa que poseen los riesgos medioambientales en este campo de actividad donde numerosos trabajos se realizan al aire libre. De manera ágil y pionera, la negociación colectiva del sector de la construcción (a nivel nacional y provincial), además de ocuparse de acomodar las nuevas obligaciones legales a este singular ámbito, ha regulado distintos aspectos relativos a la adaptación de los tiempos de exposición a las elevadas temperaturas (con la consecuente reducción o modificación de la jornada de trabajo o el cambio de los calendarios laborales en época estival) y ha establecido también medidas de protección frente a las radiaciones solares. Estos progresos (siendo todavía insuficientes) dan muestra de la clara preocupación que existe en la construcción por los riesgos medioambientales y son ejemplo del uso adecuado que se está dando en el sector a las numerosas posibilidades que posee la negociación colectiva verde.
