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La independencia del juez, articulada como la institucionalización de la imparcialidad de la función judicial, es y continúa siendo una de las conquistas históricas del constitucionalismo liberal y el pilar sobre el que descansa la legitimidad del poder judicial en las democracias contemporáneas. Esta independencia judicial ha sido históricamente objeto de presiones por parte de los poderes fácticos y de los grupos políticos. La tradición histórico-política propia de los sistemas democráticos se ha centrado en la neutralización de tales ataques mediante la instauración de garantías institucionales, mientras que en los sistemas totalitarios, a los que nuestra historia desgraciadamente no es ajena, la independencia judicial no ha contado con otra defensa que la integridad personal del juez basada en gran medida en la tradición.
