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Francisco Ramos Moragues 
Han transcurrido más de 4 años desde que se aprobase la reforma laboral llevada a cabo por el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre. El objeto del presente trabajo es el de efectuar un balance, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, sobre el nivel de cumplimiento de ese propósito que se marcó nuestro legislador de reducir los niveles de temporalidad existentes en el empleo público. A tal fin, no sólo se evaluarán las medidas directamente vinculadas con la temporalidad y que se contemplaban expresamente en la citada norma sino también las recogidas, respectivamente, en la Disposición Adicional 17ª del Estatuto Básico del Empleado Público –régimen de responsabilidades e indemnización– y en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre –procesos de estabilización–.
More than four years have passed since the labor reform implemented by Royal Decree-Law 32/2021 of December 28 was approved. The purpose of this paper is to assess, both quantitatively and qualitatively, the level of compliance with the objective set by our legislature to reduce the levels of temporary employment in the public sector. To this end, we will evaluate not only the measures directly related to temporary employment and expressly included in the aforementioned law, but also those contained in Additional Provision 17 of the Basic Statute of Public Employees (system of responsibilities and compensation) and in Law 20/2021 of December 28 (stabilization processes).
