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Anna García Companys
La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario impone a los agentes de la cadena alimentaria el deber de elaborar un Plan para la Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Dado que esta obligación afecta a todas las cooperativas agroalimentarias que no tengan la condición de microempresa, resulta fundamental analizar sus implicaciones tanto para estas entidades como para sus miembros. Lejos de ser meros destinatarios pasivos de las decisiones de los órganos sociales, los socios son actores clave cuya participación resulta esencial para identificar los puntos críticos de pérdida y garantizar la eficacia de las medidas adoptadas. Por ello, el trabajo postula su implicación activa tanto en la formulación del Plan como en su implementación en las explotaciones, y propone medidas concretas para dar una respuesta apropiada y sostenible a las exigencias legales.
