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Este artículo pretende llevar a cabo una reflexión sobre las continuas tensiones que las normas presupuestarias han mantenido con la regulación general de la función pública, permitiendo que diversos fenómenos organizativos, como la RPT, se hayan empequeñecido y llenado de complejidades, olvidando que una adecuada ordenación de los recursos humanos tiene ineludiblemente como efecto directo unas mejores magnitudes en términos presupuestarios. La limitación que supone el cálculo de la masa salarial, y su interpretación todavía más limitante, desvirtúa la institución analizada, atacando su esencia hasta dejarla irreconocible, pues la mejora en la distribución y utilización de los efectivos solo se convierte en un objetivo programático si la valoración de estos consiste en una pseudoaplicación genéricamente pactada de factores conforme al cumplimiento de los límites presupuestarios, un fraude legal a través de una valoración simulada, nunca efectiva y objetivamente realizada.
