La transparencia constituye un principio rector esencial de la acción de nuestras Administraciones públicas y conforma, según la jurisprudencia, un auténtico derecho público subjetivo ejercitable frente a los demás poderes públicos y susceptible de protección por los tribunales de justicia. Son múltiples los procesos judiciales que se vienen planteando acerca de conflictos vinculados con la efectiva satisfacción de este principio, en particular en su vertiente del derecho de acceso a la información pública y su necesaria ponderación con otros bienes o intereses públicos implicados. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia insiste en que los límites y las causas de inadmisión de la solicitud del derecho de acceso sean objeto de una interpretación restrictiva, determinada necesariamente por la finalidad y los objetivos que se persiguen con el acceso a la información pública pretendida.