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María Otero Ruiz de Alegría
El estudio examina la articulación entre el enfoque interseccional y la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacando su potencial para reforzar la protección de los derechos laborales. A partir del análisis del marco normativo y desarrollo jurisprudencial de estas dos dimensiones y, en particular, del examen de los casos Fábrica de Fuegos, Buzos Miskitos y Dos Santos Nascimento, se muestra cómo la interseccionalidad opera en la contextualización de los hechos, la intensificación de los deberes estatales de garantía y en la determinación de las medidas de reparación integral frente a desigualdades estructurales. Asimismo, se sostiene que ambas herramientas operan de forma complementaria en la garantía de la efectividad de los derechos laborales, si bien presentan límites derivados de la sistematización aún incipiente de la aplicación de la interseccionalidad y de la limitada concreción del contenido de las obligaciones estatales y de los estándares de protección en este ámbito.
The study examines the interplay between the intersectional approach and the direct justiciability of economic, social, cultural and environmental rights in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, highlighting its potential to strengthen the protection of labour rights. Based on an analysis of the normative framework and the jurisprudential development of these two dimensions, and in particular on the examination of the cases Fábrica de Fuegos, Buzos Miskitos and Dos Santos Nascimento, it shows how intersectionality operates in the contextualisation of facts, the intensification of States’ duties to guarantee rights, and the determination of comprehensive reparation measures in response to structural inequalities. Furthermore, it argues that both tools operate in a complementary manner in ensuring the effectiveness of labour rights, while also presenting certain limitations arising from the still incipient systematisation of the application of intersectionality and the limited specification of States’ obligations and protection standards in this field.
