Cádiz, España
Mientras la efectividad del derecho de acceso a la información pública se garantiza mediante el derecho del interesado a interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y demás órganos independientes, el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa requiere de una acción de control, a iniciativa propia y a partir de denuncias, a cargo también de órganos independientes y provistos de las potestades coercitivas necesarias para hacer cumplir la ley. Asimismo, en la medida en que el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, por lo general, carece de trascendencia sobre la validez de las actuaciones, la única reacción legal a tal conducta antijurídica es el régimen sancionador. En este trabajo se tratan las carencias de la actividad de control y del régimen sancionador en materia de publicidad activa, tanto en el ámbito estatal como autonómico.
While the effectiveness of the right of access to public information is guaranteed through the right of the interested party to lodge a complaint before the Council for Transparency and Good Governance and other independent bodies, compliance with proactive disclosure obligations requires oversight action—both ex officio and on the basis of complaints—also entrusted to independent bodies equipped with the necessary coercive powers to enforce the law. Furthermore, insofar as non-compliance with proactive disclosure obligations generally has no impact on the validity of administrative actions, the only legal response to such unlawful conduct is the sanctioning regime. This paper examines the shortcomings of oversight activity and of the sanctioning regime in the field of proactive disclosure, both at the state and regional levels.