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Adrián Pazos Sierra
Los altos cargos tienen un papel central en la estrategia internacional anticorrupción. La nueva Directiva europea sobre la lucha contra la corrupción introducirá este concepto jurídico en los ordenamientos punitivos de los Estados miembros, así como nuevos instrumentos penales para endurecer las sanciones impuestas ante las infracciones cometidas por estos servidores públicos. Particularmente, el texto comunitario prevé que una serie de circunstancias, entre ellas la condición de alto cargo, puedan ser consideradas, por las legislaciones nacionales, como circunstancia agravante de los delitos de corrupción. Por ello, en este trabajo se analizará el encaje del concepto de alto cargo en nuestro Derecho interno y los retos a los que deberá dar respuesta el legislador español para la incorporación del concepto y de la circunstancia agravante en nuestro Derecho Penal.
High-level officials play a key role in the international anti-corruption strategy. The new European directive on combating corruption will introduce this legal concept into the punitive systems of Member States. It will also include new criminal law instruments to toughen sanctions for high-level officials. Particularly, the European proposal disposes a series of circumstances to be considered as aggravating circumstance in corruption crimes by national legislation, including the status of high-level officials. This paper will therefore analyse how the concept of high-level officials can be integrated into our domestic law along with the challenges that Spanish legislators must overcome when incorporating not only this concept, but also the aggravating circumstance into our criminal law.
