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El artículo analiza las remisiones normativas como una opción de técnica legislativa para vincular al Derecho penal con el administrativo, desde el punto de vista de lo que se puede establecer en cada una de esas ramas del ordenamiento jurídico. A partir de un examen crítico de los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha definido para estimar legítimas las remisiones, se ofrecen criterios para identificar qué fórmulas son más adecuadas para realizar el reenvío y cómo deben ser interpretadas, de conformidad con los principios limitadores del ius puniendi.
