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El artículo busca analizar la respuesta institucional del sistema jurídico chileno ante la existencia de un problema de salud mental que afecte a quien ejerza la presidencia de la República, y entregar criterios para su puesta en práctica. Primero, se examina la historia de la regulación nacional y el marco normativo chileno, identificando vacíos legales y diferenciando escenarios de salud mental de otros motivos de cese anticipado del cargo. Luego, se realiza una revisión de casos de derecho comparado, destacando el caso de Estados Unidos, donde, a pesar de que la experiencia institucional ha sido limitada, sí existe amplia investigación sobre salud mental y política. Finalmente, sobre la base de una revisión de literatura relevante se proponen estándares y procedimientos operativos, que responden a los desafíos y aprendizajes planteados por la experiencia comparada y la literatura especializada, siendo también acordes a los estándares internacionales de derechos humanos.
