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Ernesto Juan Estrada Weis
La investigación se inscribe en el enfoque cualitativo de tipo documental con diseño bibliográfico. El alcance de este estudio radica en ofrecer un análisis comparativo entre los sistemas jurídicos constitucionales de ambos países, centrándose en la protección de los derechos fundamentales. El objetivo principal fue identificar las fortalezas y limitaciones de cada modelo, proporcionando una base crítica que permitió reflexionar sobre las implicaciones de la independencia judicial y el diseño institucional en la garantía efectiva de derechos. Entre los principales resultados se encontró que, en el caso colombiano, la Constitución de 1991 fortaleció la protección de los derechos individuales mediante herramientas como la acción de tutela y el activismo judicial de la Corte Constitucional, sin que de suyo no se evidencien desafíos para su contexto. Por otro lado, la Constitución venezolana de 1999 que incluyó un amplio catálogo de derechos y mecanismos para su protección, la posible influencia política sobre el sistema judicial ha podido limitar su implementación efectiva. Se concluye a partir de las diferencias identificadas entre ambos modelos que las estructuras judiciales y las condiciones políticas influyen directamente en la aplicación y efectividad de las normas constitucionales y en la protección de los derechos fundamentales.
This research adopts a qualitative, documentary approach with a bibliographic design. The scope of this study lies in offering a comparative analysis of the constitutional legal systems of both countries, focusing on the protection of fundamental rights. The main objective was to identify the strengths and limitations of each model, providing a critical foundation for reflecting on the implications of judicial independence and institutional design for the effective guarantee of rights. Among the main findings was that, in the Colombian case, the 1991 Constitution strengthened the protection of individual rights through tools such as the tutela action and the judicial activism of the Constitutional Court, although this does not in itself indicate challenges within its context. On the other hand, while the 1999 Venezuelan Constitution included a broad catalog of rights and mechanisms for their protection, potential political influence over the judicial system has limited its effective implementation. Based on the differences identified between the two models, it is concluded that judicial structures and political conditions directly influence the application and effectiveness of constitutional norms and the protection of fundamental rights.
