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Cádiz, España
El presente trabajo analiza críticamente el modelo español de atención a la dependencia desde una perspectiva jurídico-laboral y socio-estructural, poniendo de relieve las tensiones existentes entre su configuración como pilar del Estado social y su funcionamiento efectivo. El envejecimiento poblacional ha intensificado la demanda de cuidados de larga duración, consolidando un sistema que descansa, en gran medida, sobre el trabajo de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad. Este modelo evidencia una estructura basada en la intersección de desigualdades de género, origen y clase social, que se traduce en segmentación laboral, precariedad estructural y limitada protección jurídica. El estudio examina la persistencia de un enfoque familista, la insuficiente profesionalización del sector, la fragmentación normativa del trabajo de cuidados y la creciente externalización de servicios a través de la contratación pública. Asimismo, se analiza la especial vulnerabilidad jurídica de las personas migrantes, caracterizada por la concurrencia de irregularidad administrativa, trabajo en el ámbito domiciliario y dificultades de acceso efectivo a derechos laborales. Se concluye que el sistema no solo no corrige estas desigualdades, sino que se sustenta en ellas, configurando un mercado laboral secundario. Por ello, se propone la necesidad de una reforma integral que permita avanzar hacia un estatuto jurídico unitario del cuidado, garantice condiciones laborales dignas y refuerce la efectividad de los derechos fundamentales en el sector
This paper provides a critical analysis of the Spanish long-term care system from a legal-labor and socio-structural perspective, highlighting the tensions between its formal role as a pillar of the welfare state and its actual functioning. Population aging has significantly increased the demand for long-term care, consolidating a system largely sustained by migrant women in vulnerable situations. This model reflects a structural framework based on the intersection of gender, origin, and class inequalities, resulting in labor market segmentation, structural precariousness, and limited legal protection. The study examines the persistence of a familistic approach, the incomplete professionalization of the care sector, the normative fragmentation of care work, and the increasing outsourcing of services through public procurement. It also addresses the specific legal vulnerability of migrant workers, shaped by administrative irregularity, domestic work conditions, and barriers to the effective exercise of labor rights. The findings suggest that the system does not correct these inequalities but rather relies on them, reinforcing a secondary labor market. Consequently, the paper argues for a comprehensive reform aimed at establishing a coherent legal framework for care work, ensuring decent working conditions, and strengthening the effective protection of fundamental rights in the sector
