Acceso usuarios
Isabel Hernández San Juan
La afirmación de la gran complejidad del ordenamiento jurídico en la actualidad adquiere más sentido si se reflexiona acerca de las nuevas realidades con las que la sociedad convive. Los reguladores europeo, nacional y autonómico contemplan los centros de procesamiento de datos como un espacio necesitado de atención normativa de esa novedosa realidad en distintos planos. La inteligencia artificial y el auge de las criptomonedas hacen que la demanda de computación de datos se esté disparando, lo que está provocando un rápido aumento del número de megacentros de datos, ante el incremento del uso de recursos escasos como el agua o la energía. Sin embargo, existen otros aspectos necesitados de protección ambiental y de sostenibilidad que la Carta de Derechos Digitales menciona: la reparabilidad, la retrocompatibilidad de dispositivos y sistemas, y evitar las políticas de sustitución integral y de obsolescencia programada. Además, el mandato general y transversal de promoción que también hace la Carta a los poderes públicos sobre la eficiencia energética, la minimización del consumo de energía y la utilización de energías renovables y limpias. Si la Carta de Derechos Digitales fue concebida como una hoja de ruta para la acción de los poderes públicos, pretendiendo servir de guía para futuros desarrollos regulatorios de los derechos digitales de la ciudadanía, se intentará reflexionar hasta qué punto cumple con esta función orientadora del ordenamiento de protección ambiental y sostenibilidad.
The assertion that today’s legal system is highly complex makes more sense when one considers the new realities which society must address regarding these innovative issues. European, national and regional regulators view data centres as an area requiring regulatory attention in light of this new reality at various levels. Artificial intelligence and the rise of cryptocurrencies mean that demand for data processing is skyrocketing, leading to a rapid increase in the number of mega-data centres, given the increased use of scarce resources such as water and energy. However, there are other aspects relating to environmental protection and sustainability that the Charter of Digital Rights addresses. These include reparability, the backward compatibility of devices and systems, and the avoidance of policies of wholesale replacement and planned obsolescence. Furthermore, the Charter also mandates that public authorities promote energy efficiency, minimise energy consumption, and utilise renewable and clean energy sources. If the Charter of Digital Rights was conceived as a roadmap for action by public authorities, intended to serve as a guide for future regulatory developments regarding citizens’ digital rights, we shall seek to reflect on the extent to which it fulfils this guiding function within the framework of environmental protection and sustainability.
