Acceso usuarios
, Patricia Clemente Moreno
La Carta de Derechos Digitales española constituye uno de los instrumentos más relevantes de ordenación y orientación de criterios para el entorno digital en España, pese a carecer de eficacia normativa directa. Su función no consiste en crear ex novo un catálogo cerrado de nuevos derechos, sino en proyectar los existentes sobre escenarios tecnológicos hasta entonces nunca vistos, es decir, en ampliar su alcance. Este trabajo analiza el impacto de la Carta en el sistema jurídico español, con especial atención a su valor como instrumento de interpretación, sistematización, orientación y articulación de políticas públicas. Tal y como se vislumbra a lo largo del texto, la Carta ha sido y es una herramienta clave para ordenar debates sobre protección de datos, igualdad algorítmica, acceso a internet, educación digital, derechos de los menores en el entorno digital, administración electrónica, transparencia algorítmica, ámbito laboral, salud digital y garantías frente a tecnologías emergentes. No obstante, su eficacia real depende de su recepción por el legislador, la jurisprudencia y las autoridades independientes competentes, así como de su integración coherente con el Derecho de la Unión Europea y con el marco iberoamericano de derechos digitales.
The Spanish Charter of Digital Rights is one of the most relevant instruments for organising and guiding criteria for the digital environment in Spain, despite lacking direct normative force. Its purpose is not to create, ex novo, a closed catalogue of new rights, but rather to project existing rights onto previously unseen technological scenarios; in other words, to broaden their scope. This article analyses the impact of the Charter on the Spanish legal system, with particular attention to its value as an instrument of interpretation, systematisation, legislative guidance and public policy-making. As becomes apparent throughout the text, the Charter has been, and continues to be, a key tool for structuring debates on data protection, algorithmic equality, internet access, digital education, children’s rights, e-government, algorithmic transparency, the workplace, digital health and safeguards against emerging technologies. Nevertheless, its actual effectiveness depends on its reception by the legislature, case law and the competent independent authorities, as well as on its coherent integration with European Union law and Ibero-American frameworks on digital rights.
