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El Derecho de familia en un contexto transfronterizo se ha vuelto cada vez más complejo como consecuencia de la movilidad internacional, la evolución de los modelos familiares y el creciente recurso a las técnicas de reproducción asistida. El reconocimiento de la filiación constituida en el extranjero resulta esencial para salvaguardar la identidad personal del menor y evitar situaciones de incertidumbre jurídica en relación con su estado familiar, La jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone de relieve la necesidad de proteger el interés superior del menor, aunque ninguno de los dos tribunales exige de manera constante la transcripción automática de certificados de nacimiento extranjeros. En Italia, la denominada adopción en casos particulares ha servido durante mucho tiempo como mecanismo para reconocer la relación jurídica entre un menor y un progenitor intencional, especialmente en el ámbito de las familias homoparentales. No obstante, en una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional italiano sostuvo que esta solución resulta estructuralmente inadecuada cuando un menor nace en Italia de dos mujeres tras haber recurrido en el extranjero a técnicas de reproducción asistida. El caso se refería a la situación, cada vez más frecuente, de una pareja de mujeres que viaja al extranjero, concretamente a España, con el fin de eludir la prohibición impuesta por la legislación italiana respecto al acceso de las parejas del mismo sexo a la reproducción médicamente asistida, y que posteriormente regresa a Italia para el nacimiento del menor. A raíz de esta decisión histórica, aunque el ordenamiento jurídico italiano continúa prohibiendo el acceso a la reproducción asistida para las parejas del mismo sexo, un menor nacido como resultado de un proyecto parental de esta naturaleza debe ser reconocido jurídicamente desde el nacimiento como hijo tanto de la madre biológica como de la madre intencional.
Family law in a cross border context has become increasingly complex as a result of international mobility, evolving family models, and the growing use of assisted reproductive technologies. The recognition of parentage established abroad is essential to safeguarding the child’s personal identity and preventing legal uncertainty regarding family status. The case law of both the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union highlights the need to protect the best interests of the child, although neither court consistently requires the automatic transcription of foreign birth certificates. In Italy, “adoption in particular cases” has long served as a mechanism for recognising the legal relationship between a child and an intended parent, particularly within same-sex parent families. However, in a recent judgment, the Italian Constitutional Court held that this solution is structurally inadequate where a child is born in Italy to two women following assisted reproduction carried out abroad. The case concerned the increasingly common situation of a female couple travelling abroad, specifically to Spain, in order to circumvent the prohibition imposed by Italian law on access to medically assisted reproduction for same-sex couples, and subsequently returning to Italy for the birth of the child. Following this landmark decision, although Italian law continues to prohibit access to assisted reproduction for same-sex couples, a child born as a result of such a parental project must, from birth, be legally recognised as the child of both the biological mother and the intended mother.
