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Oscar Coronado Rincón
, Éyder Bolívar Mojica, Félix Mauro Higuera Sánchez
This article examines the background and implementation of public security strategies in Mexico, emphasizing the involvement of the Armed Forces as part of a structural transformation of the state apparatus. It analyzes the legal, political, and social implications of this involvement, which has reshaped the boundaries between civilian authority and military participation. Through a critical review of the current legal framework, as well as the most relevant precedents and jurisprudential developments, the article highlights a persistent tension within the constitutional mandate, which stipulates that such functions should primarily be carried out by civilian institutions and only exceptionally by military forces. The analysis reveals that this practice has led to a normalization of exceptionality, where the use of military force is justified mainly under criteria of urgency, efficiency, and order control, undermining the principle of minimal intervention. Furthermore, it is observed that these policies have not been part of a comprehensive citizen security design, but rather fragmented responses aimed at the immediate containment of crime. In this context, militarization has not only strained the constitutional framework but also weakened the rule of law, shifting the security paradigm toward the preservation of order through coercive means.
El presente artículo examina los antecedentes y la implementación de estrategias de seguridad pública en México, destacando la intervención de las Fuerzas Armadas como parte de un proceso de transformación estructural del aparato estatal. Se analizan las implicaciones jurídicas, políticas y sociales de dicha intervención, las cuales han reconfigurado los límites entre el poder civil y la participación castrense. A partir de una revisión crítica del marco normativo vigente, así como de los antecedentes y desarrollos jurisprudenciales más relevantes, se evidencia una tensión constante en el mandato constitucional, que establece que estas funciones corresponden, en principio, a instituciones civiles y solo de manera excepcional a las fuerzas militares. El análisis demuestra que esta práctica ha derivado en una normalización de la excepcionalidad, donde el uso de la fuerza militar se justifica principalmente bajo criterios de urgencia, eficacia y control del orden, en detrimento del principio de mínima intervención. Asimismo, se observa que estas políticas no han respondido a un diseño integral de seguridad ciudadana, sino a respuestas fragmentadas orientadas a la contención inmediata del delito. En este contexto, la militarización no solo ha tensionado el marco constitucional, sino que también ha debilitado el Estado de derecho, desplazando el paradigma de seguridad hacia la preservación del orden mediante medios coercitivos.
