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El marco regulatorio de ciberseguridad en México sigue caracterizándose por su fragmentación, al abarcar disposiciones dispersas en cibercrimen, seguridad nacional y protección de datos sin consolidarse en un instrumento integral. Pese a avances en materia penal y capacidades de inteligencia, la ausencia de una ley unificada en ciberseguridad debilita la consistencia en la aplicación legal y la colaboración interinstitucional. Este artículo proporciona un análisis exhaustivo de los instrumentos normativos existentes, las propuestas legislativas entre 2015 y 2025, y los tratados internacionales pertinentes, incluido el Convenio de Budapest y la reciente Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. Los hallazgos evidencian brechas y superposiciones que obstaculizan la detección, mitigación y persecución efectiva de amenazas digitales, lo que afecta de manera desproporcionada a la infraestructura crítica y a las PYMES. Las disputas políticas en torno a facultades de vigilancia, salvaguardias de privacidad y convergencia con marcos globales han detenido reiteradamente el avance de una legislación integral. Sumado a ello, el rápido desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial generativa plantea nuevos desafíos para la identificación de riesgos y la respuesta a incidentes. No obstante, la alineación parcial con estándares internacionales bajo el T-MEC y mejores índices de ciberseguridad reflejan una creciente conciencia de la necesidad de mayor coherencia normativa. El artículo concluye con una propuesta para promulgar un estatuto dedicado exclusivamente a la ciberseguridad, independiente de otras disposiciones de seguridad, que armonice definiciones, clarifique mandatos institucionales y fomente la colaboración público-privada. La coordinación interinstitucional y el involucramiento de múltiples actores resultan esenciales para fortalecer la resiliencia nacional y adoptar un enfoque adaptativo y centrado en derechos humanos en materia de ciberseguridad.
