Ambato, Ecuador
El artículo analiza si la tipificación del delito de feminicidio en Ecuador, en 2014, ha logrado reducir su incidencia. A través de un estudio basado en datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado, se examinan los casos de femicidio entre 2014 y 2024, su distribución geográfica, la relación víctima-victimario y las medidas legales implementadas. La metodología empleada consiste en la aplicación de un enfoque mixto, con un análisis cuantitativo de los registros oficiales, complementado con estudios doctrinarios y legales sobre el impacto de la normativa. Se estudian factores de riesgo, el contexto socioeconómico de las víctimas y el efecto de políticas públicas orientadas a la prevención. Los resultados evidencian que la tipificación del femicidio no ha logrado una reducción importante del delito; por el contrario, los casos han mantenido una tendencia estable o creciente en algunas provincias. Se concluye que la legislación, aunque ha permitido visibilizar y sancionar el delito, no ha sido suficiente para su erradicación. Se resalta la necesidad de un enfoque integral que combine educación, prevención y un acceso efectivo a la justicia, en lugar de depender exclusivamente de medidas punitivas.
This article analyzes the criminalization of femicide in Ecuador in 2014 to determine whether this crime has been reduced. The cases of femicide from 2014 to 2024, their geographic distribution, the victim-perpetrator relationship, and the legal measures implemented were analyzed through a study based on statistical data from the Attorney General’s Office. This study used a mixed-methods approach, with a quantitative analysis of official records, supplemented by doctrinal and legal studies on the impact of legislation. Risk factors, the socioeconomic context of victims, and the effects of public policies aimed at prevention were also analyzed. The findings revealed that the criminalization of femicide has not led to a significant reduction in this crime; on the contrary, cases have remained stable or even increased in some provinces. It was concluded that while legislation has helped raise awareness and sanction this crime, it has not been sufficient to eradicate it. The need for a comprehensive approach, combining education, prevention, and effective access to justice, is emphasized, rather than relying solely on punitive measures.