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Fernando de la Peña Pita
La STC 28/2026, de 25 de marzo, ha estimado un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra determinados preceptos de un decreto ley balear por entender que su justificación no respondía a una situación de extraordinaria y urgente necesidad. El caso es interesante porque invita a reflexionar acerca de las relaciones entre el parlamento y el gobierno.
