Acceso usuarios
Laura Davara Fernández de Marcos
El presente artículo se centra en la memoria de la Agencia de Protección de Datos de 2025, concretamente en el apartado relativo a las sanciones impuestas a las Administraciones públicas. Destaca que, de los diez casos que dieron lugar a la declaración de infracción, cinco se corresponden con Administraciones locales y en todos ellos por la falta procedimental de no atender en plazo los requerimientos de información solicitados. No escapan de este control las autonómicas y el sector público institucional. Un serio problema de gestión queda en evidencia, ante la exigencia de cumplir con las obligaciones del Reglamento (UE) 2024/1689 para los sistemas de IA de alto riesgo a partir del dos de agosto de 2026.
