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Pedro Ortego Gil 
La regulación jurídica de los funcionarios de la Administración general del Estado de Ultramar siguió en la segunda mitad del siglo XIX las pautas marcadas para los funcionarios peninsulares. El estatuto de los funcionarios de Ultramar sufrió los cambios políticos de la Metrópoli y las alteraciones acaecidas en aquellos territorios. Su régimen jurídico fue objeto de sucesivas disposiciones generales: 1860, 1863, 1866, 1876, 1890, entre otras. Los principales problemas se centraron en la integración de la población autóctona en las categorías y clases inferiores, el establecimiento de sobresueldos para la retribución de los funcionarios allí destinados junto con los mecanismo de ingreso, ascenso y cesantía, que fueron variando de acuerdo con los criterios interesados de los Gobiernos de Madrid.
