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Eugenio Martínez Caparrós
La STS 521/2026 aborda la exigibilidad de la memoria de viabilidad económica del art. 22.5 TRLSRU, manteniendo formalmente su carácter preceptivo y la consecuencia de nulidad de pleno derecho por su omisión. Sin embargo, introduce un criterio material y de proporcionalidad que desactiva el automatismo invalidante y reconfigura funcionalmente la nulidad de pleno derecho, al permitir considerar cumplido el requisito cuando el análisis económico se encuentra en el expediente, aunque de forma dispersa o incorrectamente articulada. El artículo analiza esta tensión con el art. 47.1.e) LPACAP y sostiene que nos encontramos ante una mutación funcional de la doctrina jurisprudencial.
