El expediente judicial electrónico y la abolición del papel son los signos que identifican la modernización de la Administración de Justicia. Sin embargo, esta transformación digital se proyecta sobre una arquitectura y unos cimientos normativos concebidos históricamente para el soporte físico. No existe una legislación procesal digitalmente nativa, sino una adaptación tecnológica de categorías forjadas en la cultura del papel; una migración ejecutando un «software» del siglo XXI sobre una infraestructura del siglo XX. La tensión emerge con especial intensidad en los actos de comunicación y, especialmente, en la figura del requerimiento. Sobre esa frontera normativa y práctica reflexiona este trabajo.