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Diego Fierro Rodríguez
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública llega en un momento en que la sociedad española lleva años pidiendo a gritos herramientas más eficaces contra la corrupción. No es una reformita menor: estamos hablando de una de las iniciativas más ambiciosas que ha conocido nuestro ordenamiento jurídico en esta materia. Y cuando digo ambiciosa me refiero a que pretende tocar nada menos que una veintena de textos legales, desde el Código Penal hasta la Ley de Contratos del Sector Público, pasando por la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Sociedades de Capital. Es como si quisiéramos reordenar por completo el armario de la lucha anticorrupción, tirando lo que no sirve y poniendo cada cosa en su sitio
